En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre el asesinato de tres mujeres en el caso del Campo algodonero en Ciudad Juárez, condenó al Estado mexicano por no haber protegido la vida de las mujeres víctimas de homicidio en razón de género, al no garantizar su derecho de acceso a la justicia, por no realizar las investigaciones con la debida diligencia, sin proporcionar medidas de reparación, ni asegurar la no repetición para las víctimas y sus familias.
Sin embargo, a doce años de esta sentencia y a pesar de que tenemos una de las legislaciones más completas en la materia, así como protocolos y lineamientos para la investigación de feminicidios, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género y sentencias de la Corte Interamericana, no se ha presentado un avance real en uno de los puntos medulares, esto es, la forma en que, en México, se investigan los feminicidios.
Los casos ocurridos en estos últimos meses en distintos estados de la república muestran que prevalecen las investigaciones sin perspectiva de género, sin una debida gestión y sin una metodología científica, pues nadie cree que Debanhi se tropezó, que Yolanda compró un veneno y se suicidó en un terreno baldío y que Luz Raquel se autoamenazó y se inmoló.
Por lo que para erradicar los altos índices de impunidad que presenta el delito de feminicidio y dotar de confiabilidad estas investigaciones, es necesario crear Fiscalías Especializadas en la Investigación de Feminicidios, pues la actual organización atenta contra el principio de debida diligencia en estos crímenes, al imponer a las «Fiscalías de la Mujer» la obligación de investigar delitos adicionales al feminicidio, como violencia familiar, delitos sexuales, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que aun y cuando forman parte de las diversas expresiones de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, lo cierto es que provocan una sobrecarga de trabajo y dispersión de recursos materiales y humanos que hacen imposible atender de forma eficiente la variedad de denuncias que se presentan en esta Fiscalía, pues ni se investigan los feminicidios ni la violencia familiar.
Por otro lado, en virtud de su compleja composición, el feminicidio es de difícil acreditación ante los tribunales, por este motivo, se requieren policías, peritos y Ministerios Públicos especializados en la materia, pues cuando para la investigación de un homicidio doloso o culposo carece de importancia la existencia de huellas de violencia antiguas en un cadáver, en un feminicidio dichos hallazgos resultan de gran relevancia penal, de modo que su investigación, además de ser técnica, debe ser efectuada con una perspectiva de género para que, en la apreciación de los indicios, se resalten cuestiones que, si bien suelen encontrarse en otro tipo de hechos de sangre, son únicas en crímenes en contra de mujeres.
También resulta importante la inclusión de los lentes de género y esta visión especializada en el diseño de las líneas de investigación de un feminicidio para impedir que sean manejados como suicidios o muertes accidentales. Es una práctica común por parte de los agresores de mujeres realizar montajes en las escenas del crimen con la intención de simular un suicidio o una muerte accidental. También se suele atribuir en automático al crimen organizado la muerte de mujeres cuando se perpetran con armas de fuego, sin haber agotado los lineamientos y parámetros que se marcan en los protocolos para la investigación del delito de feminicidio que imponen la obligación de formular líneas de investigación transversales orientadas a verificar la existencia o no de factores criminógenos. De esta misma manera, lo ordenó la Corte, mediante la sentencia conocida como Marina Lima Buendía, al establecer que cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un probable feminicidio.
Así pues, para evitar que se presenten las deficiencias y negligencias que se mostraron en el caso de Debanhi Escobar, cuyas gestiones, en un inicio, estuvieron a cargo de una Fiscalía de Desaparición de Personas y en forma posterior, de la Unidad de Secuestros, es necesario que la investigación de feminicidios se lleve a cabo por Fiscalías Especializadas en este rubro, a las que se les dote del personal y recursos suficientes para cumplir su función, con base en exploraciones científicas hechas con la debida diligencia y con inclusión de perspectiva de género.
¡Justicia para las que ya no están!